El abogado Javier De La Hoz, quien está liderando la demanda que hicieron cerca de dos mil vecinos de Cerro Matoso, quienes aducen que sus enfermedades son producidas por la explotación del mineral, dijo que los resultados de los exámenes que empezó a practicar Medicina Legal serán favorables a la empresa.
La anterior afirmación la hizo basándose en el hecho que solo están haciendo las mediciones para determinar el nivel de níquel de la comunidad, pese a que la orden de la Corte Constitucional, tras la revisión de la tutela, fue hacer los exámenes, teniendo en cuenta todo el proceso de explotación del mineral.
“No podemos limitar esa medición al níquel porque todos sabemos que este es un mineral soluble en sangre y se elimina a través de la orina. Hay que estudiar lo que ocurre con otros metales como manganeso, cromo, cadmio, mercurio, arsénico, cobalto, cobre, plomo, entre otros”, dijo el jurista, aduciendo que radicarán un escrito ante la Corte para que requiera a Medicina Legal con el fin de ampliar el objeto de los exámenes médicos porque la cantidad de metales pesados que se acumulan en el cuerpo, pueden ser potencialmente cancerígenos.
Como se recordará ayer jueves se iniciaron los exámenes a 1.540 personas a quienes se les tomarán pruebas de sangre, orina y rayos X de tórax. Este proceso se aplicará en las comunidades indígenas de La Odisea, Centroamérica, Torno Rojo, Puente Uré, Pueblo Flecha, Puerto Colombia, Bocas de Uré y miembros del Consejo Comunitario de San Jose de Uré.
El gobernador indígena, Israel Aguilar, dijo que es necesario aclarar la controversia. “Creo en la buena fe y siento confianza en las instituciones que realizaran el procedimiento. A su vez, al ver que todo va por buen camino, agradezco la intervención de la Corte Constitucional en este proceso para agilizar los trámites. Me llevo una expectativa muy positiva frente al proceso. Destaco el interés que tiene la empresa en llevar a cabo estos estudios para determinar si existen o no los contaminantes. Esperemos que se puedan dar resultados favorables para ambas partes, no solamente para la comunidad, sino para la empresa y que podamos empezar a formalizar acciones que tengan que ver con el desarrollo permanente de esas comunidades”, dijo.
Por su parte, el subdirector de Servicios Forenses de Medicina Legal, Pedro Emilio Morales Martínez, indicó que el instituto, con otras entidades del orden nacional como el Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud, dijo que los exámenes se realizarán durante los meses de abril y mayo y los resultados los entregarán en los primeros días de agosto. “Vamos a ir a cada una de las comunidades, hay una muestra aleatoria de los pobladores de las comunidades alrededor de la mina y se va a examinar a una muestra representativa de la población con el protocolo de trabajo ya estipulado científicamente”, indicó.
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